El 29 de septiembre la Junta de Extremadura publicó el anuncio de Licitación de 26 lotes de Asesoramiento Agrario por un importe de 6.198.347 € sin IVA. El plazo para la presentación de las ofertas era hasta el 7 de noviembre de 2.017.

La Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio tenía que abrir los sobres con la documentación administrativa el 17 de noviembre y el sobre con las ofertas económicas el día 27 del mismo mes.

En la fecha estipulada se abrieron los sobres de la documentación administrativa en la que la mayoría de las empresas solicitantes cumplían la totalidad de los requisitos para acceder a la licitación. Sin embargo La Unión de Extremadura remitió un escrito de Alegaciones en el que se aportaban documentos por los que se demostraba que ni Upa-Uce ni Asaja Cáceres ni Asaja Badajoz cumplían con los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto con las siguientes clausulas:

  • Todos los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera.
  • No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o documentos preparatorios del contrato.

Es público y notorio que la empresa Upa-Uce no tiene solvencia económica ya que actualmente tiene ejecutado todos sus bienes y embargadas todas sus cuentas por un importe de 5,4 millones de € que le ha impuesto el Juzgado Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Mérida.

Así mismo aportamos un documento en el que se demuestra que el 21 de septiembre de 2.016, el Director General de Desarrollo Rural se reunió con los representantes de Upa-Uce, Asaja Cáceres y Asaja Badajoz para elaborar las condiciones técnicas de la licitación, por lo que estas empresas deben quedar excluidas de dicha licitación.

El 1 de diciembre de 2.017 la Mesa de Contratación ha suspendido dicha licitación y no ha vuelto a dar explicaciones al respecto.

La Unión Extremadura exige que se cumpla la Ley de Contratos del Sector Público, de tal manera que se reanude la licitación con las empresas que cumplen los requisitos excluyendo a las que por tratros de privilegios no los cumplen, y que no se vuelvan a repetir circunstancias como las que han dado lugar a la causa abierta,  en el Juzgado,  contra Upa-Uce por estas mismas ayudas en años anteriores.

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